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viernes, 14 de mayo de 2010

“Llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y Caribe”


Cumbre Sindical ALC-UE, Madrid, 4 y 5 de mayo de 2010

La 5ª Cumbre Sindical América Latina y Caribe - Unión Europea, bajo el lema “Por el fomento del empleo, la cohesión social y los derechos de los trabajadores en las relaciones entre Europa y América Latina” contó con la participación de más de 100 delegados y delegadas de organizaciones nacionales afiliadas en Europa a la CES y en América Latina y Caribe a la CSA y también a otras federaciones y sindicatos invitados por las organizaciones convocantes.

La Cumbre Sindical se celebró en el marco de un mundo que aún no ha salido de la peor crisis económica de los últimos tiempos con altos costos para los y las trabajadoras. Esta coyuntura ha agregado desafíos a nuestros países que se suman a los que América Latina, el Caribe y la Unión Europea enfrentábamos de forma conjunta desde 1999, año en que se decidió iniciar una asociación estratégica en la Primera Cumbre, en Río De Janeiro, Brasil.

A nivel mundial el desempleo ha aumentado en más de 34 millones desde el inicio de la crisis sumándose a los más de 150 millones de trabajadores desocupados. En la Unión Europea el desempleo alcanza a 23 millones de trabajadores que representa una media del 10% llegando en algunos países hasta un 20%.

Los trabajadores estamos profundamente preocupados pues consideramos que muchos gobiernos – y algunas instituciones nacionales e internacionales - se preparan para salir de esta crisis estructural sin considerar que el alto nivel de desempleo - la peor de las consecuencias de la misma - perdurará más años que la recuperación del crecimiento del PBI y que esto requiere de políticas activas de parte de los Estados y de cambios fundamentales de los organismos multilaterales (FMI, BM) Asimismo no se vislumbra en muchos gobiernos voluntad política para avanzar hacia otro modelo de desarrollo que garantice la gobernabilidad económica global y la justicia social, con distribución de la riqueza.

Por la presión sindical la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G-20 (Washington, 20-21 de abril de 2010) incluyó algunas recomendaciones positivas, incorporando la participación de la OIT. Sin embargo, esta acción positiva contrasta con la ausencia de “un programa agresivo para asegurar un crecimiento más robusto, que aporte más puestos de trabajo” como solicita la CSI y la Agrupación Global Unions, demanda que compartimos.

Desde el inicio de los procesos de asociaciones biregionales, e incluso desde antes, los movimientos sindicales de una y otra región hemos seguido con atención y expectativas que los pasos que fueron dando en forma conjunta cimentaran nuevos vínculos y una relación profundamente enraizada en nuestras historias como naciones, países y pueblos. Sin embargo, en estos diez años y, más allá de los insuficientes programas de cooperación y de dialogo político, no se ha avanzado hacia un modelo de desarrollo equilibrado.

En América Latina se mantienen graves problemas de pobreza, emigración, salud, educación, etc. que manifiestan falta de cohesión social y ponen de relieve los desequilibrios, las desigualdades y asimetrías entre las dos regiones. Es allí donde verdaderamente adquieren importancia el espíritu inicial de los Acuerdos de Asociación, que incluye el dialogo, la cooperación y el comercio. Es impensable alcanzar el desarrollo en la región latinoamericana y caribeña sin que se produzcan cambios sustanciales en la educación, pues los sistemas actuales educativos son excluyentes, con presupuestos excesivamente inferiores con respecto al PIB y con coberturas muy bajas cuando no inexistentes en cuanto a las exigencias educativas nacionales.

El movimiento sindical euro-latinoamericano propuso en la Declaración de su Cuarta Cumbre Sindical de Lima que el marco de las relaciones entre la UE y las sub-regiones de ALC se ampliara para que se incluyeran la dimensión socio-laboral, las cuestiones medioambientales y de migraciones con el objetivo de aumentar la cohesión social en las sub regiones

Las actuales negociaciones para alcanzar Acuerdos de Asociación arrojan resultados contrarios a las dos regiones pues transitan intensa y esencialmente por el carril comercial. Y además de los temas tradicionales de comercio, se incluyen en las negociaciones la liberalización de los sectores de servicios, solapando los servicios públicos y la posibilidad de que nuestros servicios esenciales puedan ser extendidos al conjunto de la población. Se aplica una liberalización financiera que camina en el mismo sentido de lo que fue uno de los pilares que originó la crisis económica reciente. Una regulación absoluta del sector de propiedad intelectual, incluidas las discusiones sobre patentes y reglas de origen, atendiendo a la presión esencialmente de las empresas transnacionales en detrimento de las mayorías sociales. Y una liberalización e internacionalización de las estratégicas áreas de compras gubernamentales, inviabilizando que estas sean usadas como instrumento para el desarrollo local, regional y nacional.

En el caso de UE-América Central, han hecho caso omiso de los principales cuestionamientos de la sociedad civil de considerar una dimensión social, y en el otro proyecto UE-Comunidad Andina se ha desvirtuado el objetivo inicial de negociación bloque a bloque (abandonando así la finalidad de fortalecer la CAN) y promoviendo una negociación individual con Colombia y Perú, limitada a los aspectos comerciales dentro del modelo neoliberal de Tratados de Libre Comercio.

Esto es aún más inaceptable en el caso de Colombia, donde ocurren numerosas violaciones de los derechos de los trabajadores y donde hay impunidad ante los asesinatos de sindicalistas y de otros dirigentes y militantes sociales. También en Guatemala y otros países persisten altos niveles de corrupción, de violencia y de impunidad casi total en los casos de asesinatos de sindicalistas.

El movimiento sindical internacional reivindica la libertad sindical en todos los países del mundo sin excepción e insta a que los gobiernos desarrollen políticas efectivas para el libre ejercicio de estos derechos.

Tomando en cuenta estas consideraciones la Cumbre Sindical expone a la reunión de los Jefes de Estado las siguientes reivindicaciones:

1. Asumir las propuestas que la Confederación Sindical Internacional (CSI) viene planteando a los gobiernos (G-20) y a las instituciones financieras mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) de estimulo de la economía para relanzar la creación de empleo decente y para el pleno cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Entre estas medidas señalamos la propuesta de la CSI y de la Agrupación Global Unions de reforzar sistemas fiscales más progresivos, la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. En muchos países se hace imprescindible la reforma de los sistemas tributarios regresivos, hacia modelos progresivos donde el impuesto a la renta sea la principal fuente de recaudación y reducir los impuestos indirectos que además tienen un impacto negativo sobre el consumo. Apoyamos la adopción de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). En ese mismo sentido, los sindicatos de AL y C se solidarizan con las y los trabajadores de los países europeos en su lucha contra las ya conocidas y fracasadas medidas de ajuste estructural, con recortes de presupuesto, salarios, pensiones, protección social y servicios públicos que profundizarán la crisis económica, en especial con los efectos sobre el empleo y los ingresos.

2. La promoción del trabajo decente debe convertirse en una prioridad de la política de cooperación de la Unión Europea hacia América Latina. La Cumbre Sindical considera que este objetivo, fijado por la propia Comisión Europea en su Comunicación de mayo de 2006, debe asumir compromisos concretos de respeto y cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, los mecanismos de verificación de su cumplimiento con participación social y sindical en todas las políticas y negociaciones UE-ALC, la Declaración Tripartita de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, y el convenio 169 OIT sobre las poblaciones indígenas y tribales, así como otros convenios de la OIT. Asimismo deben respetarse las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, el Protocolo de Kyoto y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y las convenciones sobre derechos humanos.

3. Llamamos a los gobiernos a que busquen recuperar el papel de los estados en su capacidad de regular las operaciones de las empresas transnacionales. Los acuerdos a ser firmados deben reforzar la condición reguladora de los estados nacionales. El poder casi absoluto que hoy detentan las ETNs debe ser limitado a través de mecanismos supranacionales, especialmente de los estados nacionales más frágiles. Es fundamental reforzar los lazos de solidaridad entre los trabajadores de los dos lados del Atlántico para que, conjuntamente, por medio de sólidas redes de intercambio de información y articulación de acciones, puedan re equilibrar la negociación directa con las empresas, y establecer controles también en el ámbito de la regulación directa de las condiciones de remuneración y trabajo.

4. Ante el anuncio de la puesta en marcha del Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) demandamos que la sociedad a través de sus organizaciones, y en particular el movimiento sindical, formen parte de las instancias de decisión estratégicas sobre los destinos de la Inversión, puesto que de ninguna forma serán aceptadas inversiones que intenten conquistar nichos y acceso a recursos y bienes naturales a través de la coacción política y económica. Estos recursos deberán ser destinados a proyectos de inversión que garanticen el respeto de los convenios fundamentales de la OIT, la formación profesional y la generación de capacidades científicas y tecnológicas y que contribuyan a que la región se desarrolle de manera sustentable, tanto económica como ambientalmente. Del mismo modo debe regularse el acceso a la inversión en las áreas de los servicios públicos, cuya calidad y acceso deben ser garantizados por los Estados.

5. Que la Cumbre de Jefes de Estado acuerde mecanismos de diálogo con los sindicatos para la puesta en marcha o la actualización de todas las decisiones de carácter social asumidas en la Cumbre de Lima (y las que se decidan en Madrid) y que aún no se han materializado o están paralizadas, como:

• Promover la creación de trabajo decente, el aumento del empleo y el establecimiento de programas de formación laboral.

• Destinar los medios necesarios para fortalecer los sistemas de protección social.

• Estimular la participación de las autoridades competentes y de todos los actores relevantes, entre ellos la sociedad civil, en redes ALC-UE para la transferencia de conocimientos y el intercambio de información en materia de políticas sociales.

• Desarrollar políticas laborales y de empleo más efectivas, a través del diálogo social y la cooperación de los gobiernos, empleadores y trabajadores y la implementación de la responsabilidad social de las empresas y el respeto de los derechos de los trabajadores, incluyendo la negociación colectiva, con miras a generar trabajo decente, digno y productivo para todos.

• Fortalecimiento de programas de capacitación para actores políticos y sociales

6. Implicar a nuestras organizaciones sindicales en el desarrollo de la política UE sobre los avances de los acuerdos bilaterales de inversión y en la revisión en marcha de las evaluaciones de impacto de la sostenibilidad, que van a comenzar con Chile y México.

7. Los sindicatos reclamamos que los temas de innovación científica, cultural y productiva que van a ser tratados por los Jefes de Estado en Madrid deben abordarse desde de una perspectiva social y deben tener por objetivo la cohesión territorial y destinadas mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos. Reclamamos la participación de la sociedad civil y de los representantes de los trabajadores.

8. El fortalecimiento de los procesos de integración en América Latina y Caribe, debe de ser uno de los objetivos fundamentales de la Asociación Bi-regional UE-ALC y una de las vías para la promoción del desarrollo sustentable económica y socialmente.

9. La Cumbre Sindical expresa su disconformidad con el desarrollo de las negociaciones llevadas a cabo entre la UE con Perú, Colombia (e inicialmente con la Comunidad Andina) y América Central, pues apenas ha habido información pública y la participación de la sociedad civil ha sido escasa y formalista. Las numerosas gestiones y comunicados conjuntos sindicales no han recibido respuesta o esta ha sido ambigua o denegatoria de las propuestas. La promesa de la UE a la CES de incluir mecanismos de participación sindical para el cumplimiento de los aspectos referidos en los Acuerdos a los derechos de los trabajadores no se ha visto reflejada en los textos finales. La inclusión de una cláusula de suspensión unilateral del Acuerdo con Perú y Colombia en caso de graves violaciones de los derechos humanos, ha sido fruto de la presión social hacia el Parlamento Europeo, pero se deja a la propia UE la interpretación de cuando se considera violación grave.

10. La Cumbre Sindical en consecuencia pide que no se firmen los Acuerdos de Asociación con Perú y Colombia, por ser contradictorios con el fortalecimiento de la CAN, por tratarse tratados de libre comercio y por la persistencia de la violencia en Colombia.

11. La Cumbre Sindical rechaza también los contenidos hasta ahora conocidos de la negociación UE-América Central por no haber incorporado las reiteradas propuestas de la CES y de las sub-regionales centroamericanas CSACC y CCT basadas en el comercio justo, en la corrección de asimetrías mediante el fomento del desarrollo de América Central y en un Capítulo Social. Por ello nos sumamos al rechazo emitido por CES, CSACC y CCT (que consideran el proyecto de AdA UE-AC es esencialmente un tratado de libre comercio), y al de otras organizaciones sociales e instituciones como el CC-SICA.

12. Solicitamos la revisión de los Acuerdos de Asociación con Chile y México ya que carecen de mecanismos de participación social y sus contenidos apenas trascienden de los aspectos comerciales. Los sindicatos directamente y a través de los foros sociales han demandado un dialogo para sentar las bases de una verdadera asociación.

13. La Cumbre Sindical solicita que en caso de una reapertura de las negociaciones UE-Mercosur, las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones sean consultadas con carácter previo y en todo el proceso de negociación, ejecución y seguimiento de sus resultados. La CES y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CSCS) detallaron sus propuestas en la negociación precedente en un Capitulo Socio-laboral.

14. Es necesario que la Cumbre de Jefes de Estado asuma e integre como parte sustantiva de la Asociación Bi-regional, la implementación de fondos bi-regionales de cohesión, inscritos en un modelo de desarrollo social y ambientalmente sustentable alternativo, para combatir la desigualdad social en ALC y deben por lo tanto estar dotados de importantes recursos económicos.

15. Nos preocupa que no se hayan realizado estudios de impacto ambiental de las negociaciones UE-ALC con la seriedad y transparencia que exige la temática del cambio climático y otras cuestiones relacionadas. Un acuerdo de libre comercio, tendería a favorecer las falsas soluciones al cambio climático, al promover por ejemplo, una América Latina agroexportadora de materias primas (para etanol), que conlleva la expansión de la frontera agraria, y por consiguiente mayor deforestación. Así mismo debe respetarse la aplicación del Convenio 169 de la OIT, sobre consulta a las comunidades indígenas y tribales, cuando cualquier proyecto afecte a las poblaciones originarias de nuestros países. Igualmente el movimiento sindical hace un llamado para que esta Cumbre siente bases firmes para asegurar una transición justa, con empleos verdes, con plenos derechos y garantías sociales. Finalmente exigimos compromisos vinculantes y fuertes para revertir los efectos del cambio climático, con base en las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

16. Las migraciones requieren de políticas coherentes de parte de los países de origen y de destino para garantizar que los trabajadores y trabajadoras migrantes gocen de los derechos laborales, la misma protección social, de convenios de seguridad social bi-regionales, y también de su derecho a no migrar. Especialmente deben protegerse los derechos de las trabajadoras inmigrantes domésticas. La Cumbre de los gobiernos ALC-UE debe acordar la revisión de la Directiva de Retorno y deben tomarse medidas para que las políticas de aduanas y fronteras de la UE, no supongan obstáculos al derecho de asilo. Los países receptores deben ratificar los Convenios de la OIT y de la ONU que garantizan el acceso a los derechos y la igualdad de trato a los trabajadores y trabajadoras migrantes. La Cumbre Sindical condena los brotes de xenofobia en diversos países de la UE y los planes de los partidos de extrema derecha (en avance en varios países europeos) de reducir la inmigración mediante la represión y el acoso a los inmigrantes. Ejemplos extremos de medidas de represión migratorias a ser condenadas por sindicatos, gobiernos y empleadores, lo constituye la reciente Ley aprobada por el gobierno del Estado de Arizona y el muro construido entre las fronteras de México y los EE.UU.

17. La Cumbre Sindical reclama a los gobiernos que impulsen legislaciones destinadas a promover el empleo decente para los jóvenes, conseguir la igualdad laboral de hombres y mujeres, tanto en materia salarial como de condiciones de trabajo, así como de fomento del acceso de las mujeres a las responsabilidades y cargos de las empresas y de la administración pública e instituciones. Han sido importantes los avances verificados a través de la aprobación del Acuerdo Iberoamericano sobre Seguridad Social e instamos a que se extienda a otros países europeos no ibéricos. Igualmente solicitamos que se adopte el mismo criterio con relación a la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo.

18. Pedimos a la Cumbre de Jefes de Estado que demanden el fin del bloqueo de EEUU a Cuba.

19. La Cumbre Sindical condena el golpe de estado que provocó el derrocamiento del presidente legitimo de Honduras, y aprueba las posiciones del Grupo de Río y de la OEA de no reconocimiento del nuevo presidente. Las organizaciones sindicales reclaman a los Estados, acciones más contundentes para el respeto de los derechos humanos, del sistema democrático y de las instituciones en todos los países.

20. Ante la catástrofe sufrida por Haití, asumimos el llamamiento de la CSI y de la Agrupación Global Unions para que todas las deudas de Haití sean completamente canceladas por las instituciones financieras internacionales y los organismos acreedores. Debe concederse a Haití una sustancial ayuda internacional en la forma de subvenciones no reembolsables para la enorme tarea de reconstrucción nacional y de construcción social que dicho país debe emprender. Llamamos a los países de la UE y ALC que no lo han hecho a sumarse a este tipo de relación financiera con el país caribeño. Estos fondos deberán servir de manera prioritaria para generar empleos decentes.

21. De igual forma, las organizaciones sindicales nos solidarizamos con el pueblo chileno e instamos a que ante las sucesivas catástrofes naturales, así como las calamidades provocadas por el cambio climático, los Estados establezcan mecanismos solidarios de reparación, que no se limiten a la ayuda humanitaria particular.

22. Expresamos nuestra preocupación por el incremento de la carrera armamentista a nivel mundial, cuando los gobiernos deben priorizar sus esfuerzos en la aplicación de políticas públicas para la erradicación de la pobreza y de la exclusión social de nuestros pueblos.

23. La Cumbre Sindical apoya la reclamación de la CES a la Comisión Europea de ser consultada sobre el nuevo programa EuroSociAL. Asimismo exigimos que los sindicatos y otros actores sociales sean implicados en la puesta en marcha de la Fundación UE-ALC (EUrocLIMA).

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