La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores reunida en Bogotá el 15 y 16 de julio de 2011 respalda en su integridad y hace suya la posición de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, contenida en la Declaración aprobada por unanimidad el 5 de mayo del presente año, en la cual se rechazan los “distintos pronunciamientos de funcionarios de gobierno y del propio presidente de la República que invitan al Movimiento Sindical a establecer un acuerdo laboral que acoja como cierto el contenido del "Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales", convenido entre los presidentes Juan M. Santos y Barak Obama, en el tortuoso peregrinar de más de seis años ante Estados Unidos por lograr la firma y ratificación de un TLC, que a todas luces traerá consigo mayor desempleo y pobreza para los colombianos y aumentará nuestra ya critica dependencia económica de esa potencia.”
Atender el llamado a firmar un pacto de este calibre con el gobierno de Juan Manuel Santos resulta a todas luces contradictorio, no sólo por la consideración generalizada en el movimiento sindical y social de que este gobierno ha continuado y profundizado las nefastas políticas del modelo neoliberal que conspiran contra los intereses de la nación, los trabajadores y el pueblo, sino porque todas las promesas de buenas intenciones para resolver los acuciantes problemas que agobian a los trabajadores son sólo demagogia frente a la aplastante realidad de las decisiones que en su primer año ha tomado este gobierno, muchas de ellas plasmadas en reformas constitucionales y leyes aprobadas en un Congreso donde cuenta con las abrumadoras mayorías de su coalición de “Unidad Nacional”.
Una ligera mirada a la legislación más reciente confirma lo anterior: el acto legislativo de la sostenibilidad fiscal termina con la independencia de la Justicia y pone las obligaciones sociales del Estado a depender del equilibrio entre ingresos y egresos de la nación y, con toda seguridad, detrás del pago de deuda y de los gastos de seguridad y defensa, con el agravante que con la regla fiscal se deroga de facto la Constitución de 1991 en su contenido garantista de Estado Social de Derecho, pasando a una donde el logro de reivindicaciones y derechos dependerá de la fementida figura de la sostenibilidad fiscal. La ley de Seguridad Ciudadana legalizó la interceptación de comunicaciones, los allanamientos durante las 24 horas del día y penalizó las protestas y movilizaciones sociales hasta con ocho años de prisión. La Ley de Reparación de Víctimas y devolución de tierras, acusa falencias graves: está supeditada a la sostenibilidad fiscal, junta los conceptos de ayuda humanitaria, obligaciones sociales y medidas de reparación, impone el respeto del uso de los suelos y títulos mineros en las tierras devueltas, entre otras. El Plan Nacional de Desarrollo, PND, incentiva la concentración de la propiedad sobre la tierra, da impulso a la gran minería multinacional, al saqueo de los hidrocarburos y la agroindustria con fines exportadores y en detrimento de la soberanía alimentaria. La anunciada reforma de la educación superior recorta la financiación de las universidades públicas y le abre la puerta al capital financiero internacional para impartir educación técnica, tecnológica y universitaria como un negocio más. La drástica rebaja arancelaria decretada en noviembre de 2010 que vuelve nuestro mercado un paraíso de las importaciones en desmedro de la producción y el trabajo nacionales. La defensa de la permanencia de la Ley 100 ante el reclamo nacional de su derogatoria y el establecimiento de un nuevo sistema de salud. El raponazo a la participación en las Regalías contra los municipios y departamentos productores de minerales e hidrocarburos. Las presiones para aprobar la venta de acciones del Estado en Ecopetrol y la ETB. La burla al movimiento sindical con la inocua modificación hecha al Código Penal para castigar las violaciones a los derechos de asociación y negociación. La continuación de la ola de violencia contra el movimiento sindical, particularmente los asesinatos y amenazas contra dirigentes y activistas sindicales del magisterio colombiano.
Y en materia educativa se agudiza, con las normas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo, la contrarreforma que avanza hacia la privatización definitiva de la educación, la desaparición del preescolar, la eliminación de la autonomía escolar, el aumento de la carga laboral de los docentes, la imposición de un régimen policivo, de acoso laboral y de recorte de los más elementales derechos de los educadores, a través de lo contemplado en el artículo 144 que divide y chantajea al magisterio en lo relativo a la jornada escolar, jornada complementaria, asignación de funciones de gendarmes a los rectores; la nueva pretensión de acabar con el régimen prestacional especial de los docentes. Todo ello sin hablar de la actitud intransigente de un gobierno que en la OIT y en todos los escenarios internacionales proclama que atiende los reclamos del movimiento sindical, pero en el campo concreto del proceso de concertación con Fecode rechazó las peticiones más importantes de los maestros, relacionadas con la defensa del derecho del pueblo colombiano a tener una educación de verdadera calidad atendida, financiada y administrada directamente por el Estado y no por intermediarios, la negociación de un salario acorde con las calidades profesionales de los docentes y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Es en este marco que cobra trascendencia la acertada postura de la Central Unitaria de Trabajadores, de la cual Fecode forma parte desde su fundación hace un cuarto de siglo y hoy reafirma los postulados fundacionales, en especial los que tienen relación con la total independencia frente al Estado y la defensa irrevocable de los intereses de los trabajadores y el pueblo colombiano. Contrasta esta postura con la de la CGT y su presidente Julio Roberto Gómez al ponerse al lado del gobierno y de sus políticas, con la firma de un acuerdo que ni la CUT, ni la CTC, ni la CPC aprobaron, a pesar de que suplantaron a esta última organización un par de directivos que no la representan; con esta actitud rompieron la unidad del movimiento sindical lograda en los años precedentes. Rechazamos particularmente las temerarias acusaciones que en la reciente reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de América –CSA- lanzó el presidente de la CGT contra la CUT al responsabilizarla de las supuestas amenazas que contra su seguridad se han hecho, porque lo que se pretende con esto es acallar la voz y la erguida postura de nuestra Central contra el gobierno neoliberal y proimperialista de Juan Manuel Santos. Finalmente, llamamos a los sindicatos filiales de la Federación a permanecer alertas ante las pretensiones de los sectores sindicales gobiernistas de cooptar al magisterio para su política de entrega de los intereses nacionales y populares ante los cantos de sirena de Juan Manuel Santos y su vicepresidente Angelino Garzón, a través de la creación de sindicatos paralelos de docentes y directivos docentes con los cuales buscan acabar con más de 30 años de total unidad del gremio docente agrupado en nuestra federación.
El magisterio colombiano rechazará las pretensiones divisionistas de paralelismo y fraccionamiento sindical y continuará férreamente unido alrededor de la Federación Colombiana de Educadores, que se apresta a librar nuevas batallas en defensa del régimen prestacional especial en salud y pensiones, contra la privatización de la educación pública y en procura del Estatuto Único Docente que discutirá con el MEN y el Congreso de la República en la Comisión Tripartita acordada recientemente, todo lo cual nos llevará a enfrentarnos de nuevo a la política neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES
SENÉN NIÑO LUIS EDUARDO VARELA
Presidente Secretario General
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