La semana pasada el gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional que pretende centralizar aún más el manejo de la renta petrolera y minera, cuyo gasto ya es hoy definido en un 75 por ciento, en el caso del petróleo, sumados impuesto a la renta y regalías, por el gobierno nacional. Los argumentos son debatibles y algunos rayan en la falacia o la manipulación. Por ejemplo, sustentarla en un boom petrolero hasta ahora inexistente o en la supresión de actos corruptos de los que el gobierno nacional tampoco está exento. Pero la reforma a las regalías, que algunos señalan como una expropiación a las regiones, tiene un marco general que queremos comentar, el de la regla fiscal.
Resulta cuestionable que una política de la envergadura de la regla fiscal se apoye en supuestos que adolecen de inconsistencia estadística, pero lo más grave son las alturas a las que aspira arribar. Ante el Congreso se presentó también un proyecto de acto legislativo que busca elevar a rango constitucional “la sostenibilidad fiscal” –léase regla fiscal– como un “derecho de todos”.
Se le otorga, entonces, el estatus de derecho constitucional a las tesis neoliberales, una de las tantas concepciones ideológicas existentes sobre el manejo de las finanzas públicas. Además, Colombia, como producto de los “acuerdos” con el FMI, ya aplica reglas fiscales, algunas a través de cambio constitucionales, como la reforma a las transferencias –que les quitó y quitará billones de pesos a las regiones–, y otras, de leyes o decretos.
El equilibrio como objetivo sine qua non de la política fiscal es materia de profundas controversias en el mundo. El déficit cero y la inflación objetivo son políticas que las autoridades económicas de Estados Unidos no tienen entre su decálogo. Y en la Unión Europea, amarrar a metas fiscales arbitrarias el empleo, el crecimiento del producto, los ingresos de las familias y la distribución del ingreso se convirtió en fuente de trabas a la hora de resolver las dificultades provocadas por la crisis económica mundial.
Pero la verdad de las cosas es que esta política busca restringir la potestad del Congreso, de las Altas Cortes y los jueces y la función administrativa de los gobiernos nacional y territorial, al materializar los derechos económicos, sociales y culturales. Luego, las leyes, sentencias judiciales y planes de gobierno quedarán aún más subordinadas a las concepciones y programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional.
La reforma, a decir del Comité Técnico formado por Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, tiene por fin crear un “ancla” que restrinja la discrecionalidad de la política fiscal. Ello para reducir “la incertidumbre de los mercados” y así generar “menores primas de riesgo y mejores condiciones en los mercados financieros locales e internacionales”. Ancla que creará “un mejor ambiente para la inversión…”
Luego el objeto del proyecto es mejorar, a costa de los derechos ciudadanos, el clima de negocios de los inversionistas. Se subordinan los derechos fundamentales a la camisa de fuerza de unas metas numéricas que no sientan bases ciertas a la resolución de las dificultades fiscales, cambiarias y de balanza de pagos, pero que, como lo explica Guillermo Perry, sí constituyen un proceder que hará que en el futuro la Corte Constitucional “sea más mesurada con respecto a las consecuencias fiscales de sus fallos.” (Portafolio, jul.21.10)
He aquí el quid de la discusión. Se está pues ante una típica reforma neoliberal, que más que dar más de lo mismo, dará peor de lo mismo.
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