Eduardo Sarmiento, El Espectador, Bogotá, noviembre 14 de 2010
Los cien primeros días de la administración Santos se han caracterizado por una gran actividad en presentación de proyectos y de anuncios de metas y propósitos.
Asimismo, ha servido de reflexión para que el Gobierno advierta el enorme retroceso social del país y manifieste su preocupación por los insatisfactorios indicadores de empleo, informalidad y distribución del ingreso.
Sin embargo, no se ha avanzado en un diagnóstico explícito sobre las causas y, lo más inquietante, se pretende enfrentarlos con las mismas políticas que los originaron.
Los últimos gobiernos han operado dentro de la concepción neoclásica de que la estructura productiva y el desempeño social son separables. Se da por hecho que la desregulación financiera, las aperturas comerciales, la rienda suelta a la inversión extranjera y la flexibilización laboral redundan en más eficiencia y crecimiento sin afectar mayormente la equidad, y si lo hicieran, se podría compensar con políticas públicas. La realidad ha sido muy distinta. En los últimos 20 años, en la mayoría de los países la rentabilidad del capital aumentó y la participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional cayó.
La explicación está en la confluencia de las aperturas, la desregulación financiera y los bancos centrales autónomos. Por su parte, la política pública de transferencias de ingresos estuvo muy distante de compensar estos daños estructurales y en el caso del asistencialismo adquirió la forma de paños de agua tibia. La constante del universo es la ampliación de las desigualdades.
En las propuestas gubernamentales no se observa mayor compromiso para revisar los aspectos financieros, comerciales y laborales que conforman la estructura productiva. Por consiguiente, continuarán gravitando los factores perversos que reducen los ingresos del trabajo y elevan los del capital.
En materia social se presentan diversas iniciativas enmarcadas dentro del asistencialismo, que si bien pueden elevar el ingreso de los pobres, no cambian su posición relativa. No se hace mayor cosa para modificar la estructura discriminatoria en la educación que les da formación de primera a la élite y de tercera a las grandes mayorías. Se mantiene el sistema privado de pensiones que resulta en cotizaciones que impiden el acceso de los estratos menos favorecidos y no garantizan la pensión mínima. Los incentivos laborales para reducir la informalidad y las apropiaciones presupuestales son insuficientes para corregir la anarquía del sistema de salud y asegurar su universalidad. El Gobierno sabe que el gran desafío es revertir las tendencias crecientes de la inequidad. Sin embargo, carece del diagnóstico para lograrlo. Por ahora no hay voluntad para cambiar la estructura productiva ni adoptar una política social de derechos.
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