María Antonieta Cano, Bogotá, noviembre 11 de 2010
La autonomía escolar fue el principal logro de la lucha librada por el magisterio colombiano a comienzos de la década de los noventa, plasmada en la Ley General de educación, Ley 115 de 1993. De ese modo el Estado perdió el control que ejercía sobre el currículo.
Durante los dos siglos de historia nacional, el Estado había diseñado los planes de estudio que se debían impartir en Colombia. En buena parte del siglo XIX, asignó contenidos de carácter democrático y en otra fue confesional. En todo el siglo XX le imprimió una marcada orientación neocolonial y bajo la modalidad de contenido único, obligatorio y uniforme que debía cumplirse en sectores oficiales y privados se moldeó el pensamiento de la población en pro de los intereses predominantes de cada época.
Con la conquista democrática de la Ley General de Educación se producen dos hechos: uno, que sean las instituciones educativas y los maestros los que asuman, autónomamente, el diseño curricular, dándole un carácter democrático a los planes educativos, al determinar, ¿Qué se enseña? ¿cómo se enseña? O ¿qué se evalúa? y ¿cómo se evalúa? permitiendo la pluralidad porque fomenta la discusión, el debate y el análisis elementos indispensables para el avance de las sociedades y dos, que el aparato estatal limite sus funciones a financiar adecuadamente la educación y a permitir que todos los procesos educativos se lleven a buen término.
Los gobiernos no se resignaron al triunfo de los docentes y arremetieron contra la autonomía escolar. El neoliberalismo exige controlar el pensamiento social, mantener la hegemonía sobre el aparato educativo y ponerlo al servicio de la globalización. En consecuencia, impuso un método que desecha el conocimiento básico y se fundamenta en “competencias” y estándares curriculares, obligatorios para todas las instituciones educativas del país y, en consonancia, se introdujeron los exámenes ICFES con los parámetros impuestos con lo cual se le imprimió un término definitivo a esa política.
El golpe más certero propinado a la autonomía escolar y a la libertad de cátedra se produjo con el acto legislativo 01 de 2001, que recortó el presupuesto en varios billones de pesos y la aprobación de la Ley 715 de 2003, configurándose como la más grande contrarreforma educativa de los últimos tiempos, con el propósito central de reducir a su más mínima expresión la responsabilidad del Estado de proporcionar educación gratuita, obligatoria y de calidad a todos los ciudadanos, y abrir el camino para llegar a la total privatización del sistema educativo.
En momentos en que la política educativa del gobierno acentúa su sello neoliberal, pues la continuación de la “Revolución Educativa” uribista está asegurada con el sucesor en la Casa de Nariño, es pertinente someter a dura y fundamentada crítica el actual modelo educativo.
Las contiendas futuras del magisterio deben exigir al gobierno que cumpla con la responsabilidad de financiar plenamente a la educación como un derecho fundamental y poner el rescate de la autonomía escolar como una prioridad en tanto de ella depende el cumplimiento cabal de las funciones de la escuela como centro de formación integral y del pensamiento plural y democrático y descartar para siempre el modelo de escuela empresa que se ajusta a la recolonización de Colombia.
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